Por: Carlos Pozos (Lord Molécula)
Lunes, nueve de diciembre del 2024
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, ha anunciado un ambicioso plan para combatir la desigualdad y garantizar el derecho a una vivienda digna en el estado, alineándose con el Plan Nacional de Vivienda promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este esfuerzo se centrará en atender a las familias más vulnerables que han vivido en condiciones de pobreza e irregularidad habitacional.
“Esta prioridad refleja la determinación de lo que será mi gobierno por atender a quienes históricamente han sido olvidados”, declaró Armenta, reafirmando su compromiso con una política integral de justicia social.
Regularización de tierras, un paso hacia la seguridad jurídica
Entre las acciones destacadas del próximo gobierno estatal se encuentra la creación de un Programa Estatal de Escrituración y Regularización de la Tenencia de la Tierra, enfocado en las zonas de pobreza extrema. Este programa tiene como objetivo proporcionar seguridad jurídica a las familias poblanas, permitiéndoles acceder a una estabilidad que transformará su calidad de vida.
Coordinación con el Gobierno Federal
El plan estatal estará en sintonía con el Programa de Vivienda para el Bienestar del gobierno federal, el cual contempla la construcción de un millón de viviendas nuevas y la mejora de 300 mil más, con especial énfasis en grupos prioritarios como mujeres jefas de familia, madres solteras, adultos mayores, jóvenes, comunidades indígenas y personas con discapacidad.
Además, la Financiera para el Bienestar (Finabien) ofrecerá créditos con tasas subsidiadas, llegando incluso al 0%, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) se encargará de seleccionar beneficiarios y supervisar las construcciones. Hasta ahora, mil 568 familias han sido beneficiadas con el congelamiento de sus créditos, marcando un precedente de apoyo directo a quienes más lo necesitan.
La visión compartida entre el gobierno de Puebla y la administración federal tiene un enfoque claro: garantizar que los recursos destinados a vivienda lleguen efectivamente a las comunidades marginadas, promoviendo no solo el acceso a un hogar, sino también mejores condiciones de vida.
Con estas medidas, Puebla se coloca a la vanguardia en la lucha contra la desigualdad, construyendo un futuro donde la vivienda digna deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho para todos.