Por: Mario A. Medina

Jueves, 22 de mayo de 2025

Tener escrito en una hoja por quién votaré  

En dos semanas las y los mexicanos tenemos una cita con la historia. Por primera vez en 200 años la ciudadanía elegiremos directamente a funcionarios del Poder Judicial.

En estas semanas previas he revisado currículos; escuchado entrevistas y opiniones de las y los aspirantes para normar mi veredicto y poder decidir por quiénes debo sufragar.

Efectivamente el 1 de junio, no va a ser una elección fácil. Tiene sus apuros. Importante para mí ha sido visitar las páginas del Instituto Nacional Electoral (INE)y del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).   

He decidido preparar seis hojas (nivel federal) con el título del cargo por el que se va a elegir con una marca del color correspondiente al color de cada una de las boletas, ya con el número y nombre de por quién sufragaré, para sólo trascribir estos datos en las boletas. Lo mismo haré con las tres papeletas para la ciudad de México, donde resido.  

Desde su nacimiento, el Poder Judicial perdió su esencia, se vició, se sometió al poder económico y al poder político en contra de la población, inclusive en contra de los intereses mismos de la nación.

Efectivamente, el acceso a la justicia se convirtió en un gran negocio. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han sido peones de las y los hombres más ricos del país. 

Como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador mandó una iniciativa de ley a las y los legisladores para que aprobaran una ley para que fuera la ciudadanía quien eligiera a las y a los integrantes del Poder Judicial. No lo logró. Finalmente, el llamado Plan C se alcanzó.

Desde entonces, y aun antes, la iniciativa ha enfrentado una dura campaña de descalificaciones para hacerla aparecer de antidemocrática y autoritaria. La derecha política, intelectual y económica han hecho de todo para impedir que se concrete la elección.

El 1 de enero de 1995, el entonces presidente Ernesto Zedillo dio, lo que se llamó un “golpe de Estado al poder judicial”, cuando obligó a separarse a 26 ministros de la SCJN, mediante la figura de jubilación inmediata.

Aquella iniciativa que contenía 20 reformas a artículos constitucionales fue aprobada por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales. Nadie de los que hoy protestan se atrevieron a descalificar tal decisión; tampoco la llamaron antidemocrática, corrupta, menos de autoritaria.

Enrique Krauze, escribió en Letras libres que “a diferencia de la actual reforma judicial, la impulsada por Ernesto Zedillo en 1994 fortaleció la independencia de la Corte, la dotó de profesionalismo y le brindó capacidades para fungir como contrapeso del presidente y el Congreso”. Los hechos desmienten al historiador.

Lo mismo ocurre cuando, en entrevista a la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín, Zedillo afirma que, con la reforma al Poder Judicial actual, “la democracia mexicana llegó a su fin”; que ministros, magistrados y jueces, “estarán a las órdenes del gobierno y quizás de los criminales”; que “todo es una farsa, un engaño al pueblo de México”. Cinismo puro el del señor Zedillo.

Ejemplos de corrupción del Poder Judicial hay por centenas, miles, que ha permitido a empresarios dejar de pagar miles de millones de pesos, como es el caso del Luis María Aguilar/Ricardo Salinas o como el que acaba de denunciar la presidentA Claudia Sheinbaum, quien señaló al ministro -sin mencionar su nombre-, antes director del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de querer favorecer desde la Corte, se le devuelvan con intereses a tres grandes contribuyentes los créditos fiscales que pagaron hace muchos años.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro “suspendió una multa por 10 mil millones de pesos a la trasnacional Iberdrola, otorgó suspensiones contra la reforma eléctrica, la Ley de Hidrocarburos y la política de la Secretaría de Energía que obliga comprar gas a Pemex y Comisión Federal de Electricidad”.

Por eso Aguilar Camín demanda en su artículo en Milenio: “todavía hay tiempo para que los consejeros del INE que no están de acuerdo levanten la mano y expresen su rechazo a esta maniobra, que pondrá al poder judicial en manos del gobierno”. Cuando el “golpe de Estado” de Zedillo, el autor de Morir en el Golfo guardó silencio.    

Se ha criticado la dificultad en el momento de que se vaya a sufragar. Sí, efectivamente, será compleja. En el caso de la CDMX, las y los ciudadanos tendremos enfrente nueve boletas, por lo que debemos de llegar a la urna sabiendo los números y nombres de quienes nos hayan convencido. Decidir en el momento no es aconsejable.

Será un primer ejercicio muy complejo, sí, pero muy interesante y trascedente, porque la elección del nuevo Poder Judicial será decisión de nosotros, de la ciudadanía y no del Ejecutivo federal en turno como sucedía antes.

He leído un sinnúmero de críticas calificando la elección de antidemocrática y considerando a la población como menor de edad, de no estar preparada para dar este paso, de no saber qué representa el Poder Judicial y, por lo tanto, que “desconoce quiénes tienen los conocimientos y las capacidades para estar allí”.

Estoy muy complacido porque he escuchado a mucha gente que me ha dicho que irá a votar; me ha preguntado por el mecanismo y sobre quiénes son mis candidatos. Les he explicado que debido a que cada sección electoral, las y los candidatos son distintos en tres de las boletas federales y en dos de la ciudad.

El próximo trataré de explicar más detalles sobre el mecanismo para votar, no por quién votar.

Que no le cuenten…

Buen pretexto para repetir la historia. Dice Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos: “la violencia política allí (México) es real”; de inmediato anuncia que en las próximas semanas viajará a nuestro país para “impulsar la cooperación bilateral en distintas áreas, entre ellas la migración o la seguridad”. Muchos ya empezaron a soñar entrando los marines por Veracruz y a un comando de gringos en el Castillo de Chapultepec. EL de Felipe Calderón no es sueño. Es su deseo.