Por: Carlos Pozos (Lord Molécula)

Jueves, 05 de junio de 2025

En nuestra investigación periodística, hemos identificado un caso que podría contravenir principios básicos de legalidad, eficiencia administrativa y soberanía energética: el Gobierno de la Ciudad de México adjudicó de forma directa un contrato millonario a una empresa privada para el suministro de gasolina y diésel, dejando fuera a Petróleos Mexicanos (PEMEX), proveedor público que había mantenido el servicio en años recientes.

De acuerdo con documentación oficial consultada por este medio, el contrato C-30/ORD.05/2025 fue otorgado el pasado 29 de mayo por la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX al Consorcio Gasolinero Plus, S.A. de C.V., con un presupuesto estimado de 1,520 millones de pesos para lo que resta de 2025.

Nuestras fuentes dentro del gobierno local indican que esta adjudicación rompe con un modelo operativo consolidado durante más de dos décadas, desde la administración del entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador (2000-2006), donde el suministro de combustibles se ha hecho bajo esquemas de cobertura múltiple y con participación directa de PEMEX.

Durante años, el modelo histórico ha priorizado contratos con múltiples estaciones de servicio, ubicadas estratégicamente cerca de las oficinas gubernamentales, alcaldías y dependencias para optimizar consumo, reducir traslados y minimizar emisiones contaminantes. Asimismo, en los últimos años, la cobertura se logró de manera eficiente a través de tarjetas electrónicas de BIENESTAR, con las que los vehículos oficiales podían cargar combustible en cualquier estación con franquicia PEMEX.

En ese esquema, PEMEX otorgaba combustible a las estaciones participantes, quienes lo entregaban a los vehículos oficiales y recibían una comisión promedio de 0.80 pesos por litro despachado. El resultado: cobertura amplia, operación continua y transparencia en el suministro.

Ante este nuevo contrato adjudicado a una sola empresa privada, surgen graves cuestionamientos jurídicos y administrativos:

- ¿Por qué el Gobierno de la CDMX decide excluir a PEMEX, una empresa del Estado, contraviniendo el principio de fortalecimiento de la soberanía energética promovido por el propio presidente López Obrador?

- ¿Por qué se adjudica de forma directa a una empresa sin trayectoria en cobertura masiva dentro de la ciudad, sin licitación pública ni transparencia en el análisis de su capacidad operativa?

- ¿Por qué no se optó por una licitación pública, abierta a todas las estaciones de servicio o a empresas de tarjetas electrónicas, como ha sido la práctica constante en los últimos 20 años?

Fuentes cercanas al proceso aseguran que no existe evidencia pública de una evaluación técnica integral que respalde que Consorcio Gasolinero Plus pueda ofrecer el mismo nivel de cobertura que PEMEX o un modelo descentralizado de estaciones múltiples.

Además, expertos en derecho administrativo consultados por este medio advierten que la contratación por adjudicación directa, especialmente tratándose de un monto superior a mil quinientos millones de pesos, podría violar principios establecidos en la Ley de Adquisiciones y el propio marco constitucional de la Ciudad de México, que exige transparencia, máxima eficiencia del gasto y apego a los principios de libre competencia.

La falta de una convocatoria abierta es particularmente preocupante. La Ley de Adquisiciones local establece que la adjudicación directa solo puede aplicarse en casos excepcionales y debidamente justificados, lo cual no parece acreditado en este caso.

No hay registros públicos de razones técnicas o de urgencia que expliquen por qué se recurrió a un solo proveedor. Por el contrario, la contratación histórica de PEMEX se ha mantenido sin contratiempos, lo que hace aún más cuestionable el cambio de modelo.

El suministro de combustible es columna vertebral para la operación de servicios públicos en la CDMX: patrullas, ambulancias, vehículos de limpia y transporte oficial. La decisión de centralizar en un solo proveedor sin historial comprobado y sin cobertura confirmada podría poner en riesgo esa operación.

El caso requiere la intervención inmediata de órganos fiscalizadores, así como una explicación pública y detallada por parte del Gobierno de la Ciudad de México. En un contexto donde la ciudadanía exige transparencia y eficiencia, este tipo de decisiones deben ser sometidas al más estricto escrutinio público.

El plazo vence el 15 de junio del año en curso para que se otorgue la millonaria adjudicación. Aún hay tiempo de actuar.