Por: Carlos Pozos (Lord Molécula)

Jueves, 15 de mayo de 2025

De acuerdo a una investigación periodística independiente, pocos días de que el proceso judicial del caso conocido como “niñas de Zimapán” registre avances clave, fue revelado que el médico José Alberto Baños Vázquez, quien habría emitido un dictamen forense contradictorio con peritajes anteriores, se desempeña como funcionario adscrito a la División Científica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Se dice que la denuncia penal en su contra, con número 12-2023-17981, habría sido presentada el 31 de octubre de 2023; sin embargo, según los abogados del padre de las menores, el expediente continúa “extraviado”.

Como es público, el caso surgió a raíz de una denuncia interpuesta el 17 de junio de 2022 por presunto abuso sexual contra dos menores de edad. Sin embargo, los peritajes médicos realizados por al menos tres profesionales distintas (entre el 15 y el 21 de junio de 2022) descartaron lesiones que pudieran confirmar los hechos denunciados.

Fue el dictamen de José Alberto Baños Vázquez, emitido el 23 de junio de 2022, el único que señalaba la existencia de presuntas lesiones. No obstante, de acuerdo con los documentos fotográficos del mismo informe, no se observaron daños ginecológicos ni proctológicos en las menores al momento de la revisión.

Además, fuentes cercanas al caso aseguran que la metodología empleada por Baños Vázquez habría sido incorrecta, al no respetar los protocolos forenses y realizar una exploración sin guantes, presionando una zona del cuerpo para señalar una supuesta lesión.

En septiembre de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de una opinión técnica emitida por la especialista María Guadalupe C. O., concluyó que no existían lesiones compatibles con las acusaciones al momento del peritaje de Baños Vázquez, y que las lesiones posteriores correspondían a un periodo en el que las niñas estaban bajo el cuidado de su madre y una tía, no de los señalados inicialmente.

En entrevista con medios tras la publicación del reportaje original (Emmanuel Ameth, 14 de mayo), Mario Alfredo Espinoza Bernardini, padre de las niñas, denunció públicamente que el dictamen de Baños Vázquez fue solicitado por familiares maternos y pagado por él mismo, bajo engaños.

Afirmó que su hermana viajó personalmente a entregar los recursos solicitados para el estudio, y presenció irregularidades en el procedimiento. “No era un consultorio, no había condiciones médicas adecuadas”, denunció.

También expresó su malestar al saber que, pese a la denuncia penal y las presuntas inconsistencias, el médico continuó activo como funcionario de la PGJEH hasta al menos septiembre de 2024 y también como docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) hasta 2023.

Según los abogados del padre, la carpeta contra Baños Vázquez sigue extraviada, y no existe registro de que cuente con la certificación necesaria para realizar peritajes forenses en víctimas menores de edad, de acuerdo con consultas realizadas ante el Colegio de Médicos Forenses.

También señalaron que el dictamen en cuestión no fue descartado por las autoridades judiciales, pese a que sus conclusiones no coinciden con el material fotográfico adjunto.

La continuidad de Baños Vázquez en su puesto habría coincidido con la administración del entonces encargado de despacho de la PGJEH, Santiago Nieto Castillo, aunque hasta el momento no existe evidencia pública de que exista una protección directa por parte de exfuncionarios.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación laboral de Baños Vázquez ni sobre el estado actual del expediente penal en su contra.

El caso Zimapán, que involucra acusaciones graves y múltiples peritajes, continúa bajo seguimiento judicial y mediático, en espera de resoluciones que aclaren el estado legal de los implicados y garanticen justicia con base en evidencia científica y debido proceso.